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Por: Otto Granados Roldán
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¿Qué educación se necesita para los mexicanos?
Hoy se vive, en verdad, una auténtica, inimaginable y apasionante revolución educativa y del conocimiento en el mundo.
La definición de la educación que demandan los niños y jóvenes es hoy un asunto de intenso debate. Unos piensan que los lineamientos tradicionales contenidos en la Constitución son suficientes para perfilar la educación del siglo XXI; otros, creen que esa es condición necesaria, pero ya no suficiente para el tipo de educación que México reclama en estos tiempos.
Hay una extraordinaria variedad de factores que están influyendo en esa reformulación: la globalización económica y cultural; la velocidad del conocimiento; la idea de que la educación es un proceso permanente, a lo largo de toda la vida; las discusiones sobre el papel del individuo en el mundo contemporáneo; la modernización tecnológica. En suma, no es exagerado decir que está emergiendo un nuevo paradigma en la educación, y hay que darle respuesta.
Para empezar, el conocimiento ha dejado de ser lento, escaso y estable. Se estima que la riqueza global de conocimiento acumulado se duplica actualmente cada cinco años. Tan sólo en matemáticas se calcula que cada año se publican 200 mil nuevos teoremas. Las revistas científicas, que eran 10 mil en 1900, hoy totalizan más de 100 mil. ¿Qué indica este ritmo? Que la proliferación, fragmentación y fluidez en el mundo del conocimiento, representa un cambio radical del contexto con que tradicionalmente ha operado la escuela.
Segundo dato: la escuela ha dejado de ser el canal único mediante el cual las nuevas generaciones entran en contacto con la información y el conocimiento. Internet, las redes electrónicas y los medios de comunicación, son las nuevas escuelas en la actualidad y, en no pocos casos, más eficaces, poderosas y penetrantes.
Por ejemplo: según el Programa Nacional de Educación 2001-2006, los niños mexicanos deberían pasar en el aula 20 horas a la semana durante 40 semanas al año para un total de 800 horas. En contraste, pasan en promedio frente a la TV unas 30 horas a la semana, durante 52 semanas al año, para un total cercano al doble de las que deberían pasar en la escuela: es decir, más de mil 500 horas anualmente. Esta información sugiere que este fenómeno es irreversible y que, por lo tanto, hay que aprovecharlo en beneficio de la educación.
En este contexto, la incorporación de las nuevas tecnologías como Enciclomedia se vuelve crítico. No basta con computadoras, sino que son urgentes programas adecuados para la enseñanza de los contenidos; no basta con libros de texto, sino que ahora hay que tener bibliotecas en línea para investigación y consulta; no basta con el aula, el pizarrón y el gis, sino que ahora esa aula debe formar parte de redes virtuales para aprender a distancia e intercambiar conocimiento con otros. Dada la diversidad del país, y las carencias y rezagos subyacentes, parecería un exceso proponernos esas metas, pero el éxito educativo no radica en jalar hacia abajo los objetivos sino en poner metas más altas y ambiciosas.
La tercera revolución se está presentando en el terreno de las competencias, habilidades y destrezas que se enseñan, y en la forma como se enseñan. Hay que pasar de una escolarización cifrada en el maestro (y en la estructura autoritaria de supervisores, inspectores y directores) a otra centrada en el alumno; de la memorización de datos a la comprensión de fenómenos; de la enseñanza de verdades inconmovibles a la mutación constante de ideas y paradigmas; de la educación para toda la vida a la educación durante toda la vida.
Se requiere, pues, una nueva idea de la educación que incluye mayor flexibilidad y atención a las características personales del alumno, desarrollar las múltiples inteligencias para resolver problemas viejos y nuevos, habilidad para trabajar junto a otros y comunicarse en ambientes laborales heterogéneos y tecnificados, destrezas bien desarrolladas de lectura y computación, competencias y habilidades para insertarse al mundo productivo y cambiar con él, iniciativa personal y disposición a asumir responsabilidades.
¿Adónde lleva este conjunto de argumentaciones? A proponer la integración de un genuino e independiente Sistema Nacional de Indicadores de Calidad Educativa, que sirva no solamente como referencia natural y objetiva acerca de cómo van los sistemas estatales de educación, sino que pueda desagregarse al nivel municipal, por zonas escolares y por escuelas, para estar en condiciones, a partir de esa información, de tomar decisiones de planeación, de financiamiento, de contenidos, así como para generar una sana y estimulante competencia que premie y recompense los esfuerzos estatales.
Mejor educación sí, pero ¿cómo financiarla?
Desde el punto de vista instrumental, el tema de cómo financiar una revolución educativa es el más importante.
Para empezar, hay que decir que la industria de la educación es ya, en el ámbito mundial, una de las más exitosas y representativas. Algunas estimaciones indican que el valor de esa industria oscila entre el 7 y 8 por ciento del Producto Bruto Mundial, sin incluir el gasto destinado a la producción de material didáctico. Para algunas naciones, se ha convertido incluso en una fuente de ingresos nada despreciable. Canadá, por ejemplo, recibió por concepto de los gastos realizados por los estudiantes extranjeros que fueron a sus escuelas en el 2001, 50 por ciento más ingresos que lo que recibió por sus exportaciones de trigo.
Los países industrializados —que atienden sólo al 25% de los alumnos a escala global— gastan 6 veces más en formación de capital humano que los países en desarrollo, donde se encuentra el 75% de los alumnos del mundo. Y más aún: se estima que las naciones en desarrollo desperdician alrededor de un 16% de los recursos públicos destinados a la educación por los problemas de deserción escolar y de repetición de grados. El financiamiento de la educación es, claramente, un punto crítico de la estrategia de modernización.
Sin embargo, es conveniente matizar las cosas y ponerlas en su dimensión correcta.
En 1994, México gastaba en educación, como proporción del PIB, 5.6%, una cifra muy cercana al promedio de los países de la OCDE, que era entonces de 5.9%, y exactamente lo mismo que gastaba Irlanda (5.6%) o Chile (5.7%). Pero al revisar los datos como gasto por alumno, México estaba, como consecuencia del alto crecimiento demográfico, muy por abajo tanto de la OCDE como de otros países de desarrollo parecido. Mientras México gastaba poco más de 5 mil dólares anuales por alumno de educación superior, el promedio de la OCDE era de 8,134 dólares, Chile invertía 8,436 y Corea 5,203, casi lo mismo que México.
Diez años después, el gasto educativo mexicano había subido a 7.1% del PIB incluyendo el gasto federal, estatal, municipal y de particulares. Según el gobierno federal, entre los países de la OCDE, México es el país que dedica a la educación el mayor porcentaje de gasto público. Es decir, es un buen nivel de gasto.
Pero cuando se comparan los datos de lo que se gasta con los resultados de las evaluaciones internacionales, las cosas se vuelven particularmente complejas. A pesar de que nuestro nivel de gasto es comparable al de Corea, Irlanda o la República Checa, los resultados alcanzados por los estudiantes mexicanos son tremendamente bajos. En el estudio más reciente realizado por la OCDE entre 32 países, México ocupó el penúltimo lugar en comprensión de la escritura, en matemáticas y en ciencias. En cambio, Irlanda alcanzó el sitio número 5, Corea el 6 y la República Checa el 19.
¿Qué significan estas realidades? Por lo pronto, que debemos modificar nuestra suposición de que la mejoría de la educación, su calidad y excelencia, dependen exclusivamente del financiamiento.
¿Cómo explicarlo? Primero, es evidente que frente a un sistema educativo tan grande como el nuestro, aún con gasto creciente, éste tiende a repartirse entre más personas o, al revés, les toca menos a cada quien. Segundo, es evidente que hay severos problemas de corrupción, derroche, planeación y desperdicio: además de los costos asociados a los repetidores o los que abandonan la escuela, hay varios estados de la república en los cuales el gasto creció pero no en los niveles y modalidades educativas en que debió invertirse. Tercero, si bien el gasto es alto, más del 90% se va a servicios personales, salarios y prestaciones, lo cual deja escaso margen para gasto de inversión, equipamiento moderno, nuevos proyectos que apoyaran una mejoría en la calidad. ¿De dónde adquirir laboratorios de idiomas o centros de cómputo, si apenas hay para pagar la nómina? Y cuarto, es cierto que hay en términos generales un aumento del gasto educativo en el país, pero una buena parte de él no ha estado dirigido hacia la calidad y hay enormes disparidades e inequidades, pues muchos estados ya operaban sistemas estatales desde antes de 1992 y por tanto su gasto era mucho mayor.
El programa educativo del gobierno federal ha sido particularmente omiso en el análisis detallado de este problema y en la búsqueda de soluciones. Sólo plantea consideraciones generales y buenas intenciones, pero no hay mecanismos concretos, tangibles y medibles para identificar si, aún llegando en el 2006 al 8% del PIB destinado a la educación, estos recursos serán correctamente invertidos. El problema es complejo, no tiene soluciones sencillas ni a corto plazo, pero pueden identificarse.
La primera opción es que, no obstante, la menor actividad económica del país y la insuficiencia de recursos fiscales, el gobierno federal podría hacer un esfuerzo mayor para aumentar el gasto educativo a los estados. El tamaño del gobierno federal y la multitud de programas que maneja, induce necesariamente a la dispersión y al derroche de recursos. La Federación podría hacer un amplio proceso de ajuste y utilizar el enorme margen de liquidez que tiene, para invertir en proyectos educativos no dirigidos al gasto corriente sino a la calidad, al equipamiento tecnológico, al mejoramiento de la infraestructura en general de las escuelas.
La segunda consideración es de equidad. Por razones muy diversas, los gobiernos estatales contribuyen el gasto educativo de sus entidades en proporciones y con porcentajes completamente heterogéneos: los hay desde quienes aportan no más del 5% hasta quienes destinan más del 50% de su gasto público total a la educación. Es una situación realmente inequitativa, por un lado, y no estimula la búsqueda de nuevas vías de financiamiento, pues los más beneficiados saben que tienen la mayor parte del problema resuelto. Y a la vez, hay casos que reciben comparativamente mucho menos recursos federales que no corresponden ni con el ritmo de crecimiento de la matrícula ni con el crecimiento de la población, tanto natural como migrante.
La tercera vía es alentar una mayor participación privada en la educación. Aunque con cierta lentitud, la inversión particular ha crecido de alrededor de un 8% de la matrícula en los años ochenta a aproximadamente un 12% en la actualidad. Si recordamos las tendencias demográficas, será muy difícil para la oferta pública educativa satisfacer las demandas de cobertura y calidad sobre todo en el nivel medio y superior de la próxima década, y será indispensable recurrir a vías adicionales de financiamiento. Debe por tanto pensarse, además del crecimiento natural de esta fuente de financiamiento, en explorar opciones más imaginativas como ha ocurrido en Chile, por ejemplo, en el caso de los vales o bonos educativos.
Y cuarto aspecto de la cuestión: tras la descentralización, la estructura salarial, pero sobre todo de prestaciones a los trabajadores de la educación, en cada uno de los estados, se ha vuelto peligrosamente heterogénea, con el consecuente impacto sobre los presupuestos estatales. Se ha generado una competencia malsana en este terreno, y es urgente introducir cierta racionalidad y ciertos rangos de decisión en esta materia, por el bien de la educación y de las finanzas estatales.
En conclusión, si el gobierno, los tres partidos principales, los legisladores, el sindicato magisterial, los intelectuales y los medios siguen pensando que darle la espalda a la educación es una buena política para el crecimiento, la competitividad, el desarrollo y la consolidación democrática del país, no habrá mucho que gobernar ni hacer en los próximos años.
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